Artículo publicado en el periódico El Adelanto.
Salamanca es la última capital castelloleonesa que incorpora a su ideario urbano un sistema de bicicleta pública. Son ya muchas las ciudades españolas que cuentan con un servicio de alquiler de bicicletas automático o semiautomático permitiendo así desplazarse en bicicleta a cualquier ciudadano entre cada una de las estaciones dispuestas a lo largo y ancho de la ciudad. La apuesta, en muchos de casos simbólica por coyunturas económicas y, en otros, verdaderamente comprometida con la necesidad de transformar los malogrados hábitos de transporte, es sin lugar a dudas, un paso adelante en la construcción de ciudades más sostenibles.
En el caso salmantino estamos pendientes de conocer con detalle las características de la iniciativa. Los horarios de préstamo, las tarifas (gratuitas y de pago) según el tiempo de uso, el mecanismo de activación y desactivación (mediante tarjeta y/o teléfono móvil), la calidad y aspecto de los ciclos o, sin ir más lejos, la ubicación exacta de las casi 15 estaciones de préstamo previstas son algunas de las interrogantes. Más allá de la mera “actuación” también estamos intrigados por comprobar cómo se va a publicitar el servicio, de tal manera que, a partir de su promoción puedan ser muchos los salmantinos que puedan usarlo y sentirse partícipes del devenir verde. Ello será sin duda uno de los principales acicates por cuanto estos servicios son un revulsivo para que por fin desempolvemos las bicicletas que guardamos inexplicablemente en el trastero y en los balcones desde hace años.
La experiencia en otras capitales de provincia no deja en cambio de ser sintomática. Quizás por cuestiones técnicas y presupuestarias, la escasa repercusión de gran parte de los sistemas refleja el desajuste entre las políticas económicas en cuestión de movilidad sostenible y la madurez social. Algunos de estas cuestiones tienen que ver con horarios de préstamo limitados, el vandalismo, la escasez de estaciones y su errónea colocación o con el tímido respaldo de las corporaciones municipales.
Habría que reflexionar sobre si estos nuevos servicios deben ser rentables o no, dado que los beneficios económicos, aunque difíciles de cuantificar, hay que buscarlos en aspectos difícilmente medibles. Por ejemplo en la reducción del estrés, el aumento del bienestar o la mejora de la salud física de quienes diariamente circulan en bicicleta. Pero la reducción del ruido, la peligrosidad o la contaminación son otros costes igualmente a considerar. Con respecto a la ubicación de las estaciones, posiblemente se hubieran podido discutir con más calma, sobre todo con la ayuda y participación de asociaciones de vecinos y colectivos implicados en la movilidad de la ciudad. Buena prueba de ello es la reciente queja formulada por los amigos del patrimonio con respecto a la ubicación en la Plaza Poeta Iglesias. No es fácil elegir puntos cuando existen multitud de factores implicados, unos ligados a determinadas sensibilidades estéticas o sencillamente prejuicios, otros al pragmatismo ingenieril o a la experiencia sobre las dos ruedas. Sin embargo, tampoco será fácil estar al frente de una nueva flota de 170 bicicletas públicas que invadirán la rutina local cuando resulta que el aplomo popular dista sustancialmente de recibirlas con los brazos abiertos. Al menos si circulan por fuera del carril bici. En cualquier caso, serán 900 salmantinos por bicicleta. Si no me equivoco, muchos más coches circulan por Salamanca y aparentemente nadie se queja, salvo cuando hay que aparcarlos. Será porque un coche pasa como media el 90 % de su vida aparcado.
En definitiva, un paso adelante que hasta que no se acompañe de otras medidas complementarias y hasta ahora impopulares dirigidas a disuadirnos de usar el coche privado, mantendrán a Salamanca y a otras muchas ciudades en vilo. En una encrucijada donde la superación cultural, los cambios en las percepciones y el hecho público desempeñan un papel fundamental. Mientras tanto, el día 22 se celebrará el día sin coches.